Arrendamiento de inmuebles

Alquiler de larga temporada en España

Si la vivienda alquilada resulta ser la vivienda habitual del arrendatario, hay que tener presente que, cuando la duración del contrato sea inferior a 5 años en el caso de personas físicas (o inferior a 7 años en caso de que el arrendador sea una empresa), una vez que llegue el día de vencimiento del contrato, este se prorrogará obligatoriamente año a año hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de cinco años, o de siete años si el arrendador fuera persona jurídica.

Esto significa que, si la duración pactada inicialmente es de un año, por ejemplo, entonces el contrato se prolongará automáticamente hasta un total de cinco años (o de siete si el arrendador es persona jurídica) si así lo desea el inquilino, sin que el arrendador pueda hacer nada para reducir la duración del contrato o para darle fin.

Esta prórroga obligatoria de hasta cinco años no será de aplicación si el arrendatario comunica al arrendador, como mínimo treinta días antes de la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de las prórrogas, su voluntad de no renovarlo y de abandonar la vivienda.

Cuando el arrendador sea persona física y haya transcurrido el primer año de contrato, tampoco procederá la prórroga obligatoria si se ha hecho constar en el contrato inicial que el propietario necesitará ocupar la vivienda antes de que pasen esos cinco años con el fin de destinarla a alojamiento permanente para sí o sus hijos, o para su cónyuge en casos de separación, divorcio o nulidad matrimonial.

Como vemos, la legislación española en materia de arrendamientos tiende a proteger en gran medida los derechos del inquilino, por lo que, al objeto de reducir los riesgos a los que el propietario del inmueble podría verse expuesto, es recomendable solicitar una serie de garantías al arrendatario (copia de sus nóminas, cartas de referencia e incluso avales bancarios), así como contratar un seguro de protección de alquiler. Con este tipo de seguro, en caso de impago del alquiler, el propietario recibirá de la compañía aseguradora el importe de las rentas impagadas y una compensación económica por los daños que el inquilino haya podido causar.

En caso de impago del alquiler, el arrendador no podrá amenazar ni coaccionar de ninguna manera al arrendatario para que abandone la vivienda (por ejemplo, cambiando la cerradura o cortando los suministros de agua y luz), dado que tales acciones se consideran delitos. Deberá iniciar un procedimiento judicial de desahucio contra el inquilino, que suele concluir en unos seis meses.

Por último, los ingresos obtenidos por el alquiler de inmuebles están sujetos al pago de impuestos. La forma de declarar dichos ingresos será distinta en función de que el arrendador sea o no residente fiscal en España.